La Argentina se ha sumido en un conflicto inútil. Se programa una sesión para destituir a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, pero no hay posibilidades de hacerlo. Claramente, las intenciones del partido gobernante son generar una serie de situaciones para que la sociedad reaccione contra la Justicia y comparta los argumentos oficialistas. La oposición es llamada a ejercer con gran cuidado su rol. En esta avanzada peronista, Juntos por el Cambio, el Partido Obrero, los Libertarios y otros partidos provinciales y de izquierda tienen la responsabilidad de cuidar a la Justicia como institución que ayuda a balancear las tensiones de los otros poderes y, al mismo tiempo, que lo que pase no sea una pérdida de tiempo en pos de un interés particular como puede ser dañar la imagen de la Justicia. Todo esto ocurre porque la dirigencia política no puede dialogar.
En la primera semana de octubre pasado LA GACETA publicó una entrevista al ex presidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti. En ese reportaje, definió que la esencia de la democracia es la tolerancia por el opositor. “Uno puede discrepar profundamente, pero si uno pierde el respeto y descalifica se hace imposible”. “El disenso va a existir siempre, lo importante es que se sepa dónde están los límites”, abundó.
Precisamente lo que no han podido los políticos argentinos es encontrar los límites de esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si hubieran podido verlos y respetarlos otra historia muy distinta protagonizarían hoy el Congreso y el Poder Ejecutivo nacional.
La causa por la que hoy se profundiza la grieta política de los argentinos comenzó cuando el gobierno de Alberto Fernández decidió restringir los fondos que oportunamente la gestión de Mauricio Macri le había dado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el traspaso de las fuerzas policiales. El jefe de Gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta recurrió a la justicia y esta decidió reestrablecer esos fondos. Pero antes de que se firme esa acordada, los miembros de la Corte le pidieron a las partes, es decir al Poder Ejecutivo de la Nación y al de CABA que se sienten a dialogar. La Corte propuso que los responsables políticos busquen ellos una salida al conflicto. Les dio varios meses para poner coto al problema. No le llevaron el apunte al Poder Judicial en un acto de virtual desobediencia. Si hubieran respetado el fallo los vecinos de Buenos Aires posiblemente se hubieran beneficiado y los de CABA, también. Incluso si no hubieran llegado a un acuerdo, los ciudadanos de uno y otro lado hubieran visto cómo ambas fuerzas políticas habían intentado defenderlos. Además muchos argumentos que hoy se empiezan a recabar ya hubieran estado sobre la mesa.
En las últimas elecciones la sociedad había resuelto otorgar un resultado reñido. El mensaje fue: es importante para nosotros que la política dialogue, que se respeten para hallar soluciones.
Lo que está ocurriendo en la vida política en estos momentos implica que se está desoyendo aquel mandato y lo que es peor se llega a estas instancias por no dialogar y no poner límites al desencuentro que se está viviendo.